Durante una sesión legislativa oficial destinada a debatir la ley estadounidense Protect Our Games Act (Ley para la Protección de Nuestros Juegos), la Entertainment Software Association (ESA) —el organismo que representa los intereses comerciales de las mayores editoras de software del país— ha calificado formalmente a los servidores comunitarios gestionados por jugadores en títulos como Minecraft y Call of Duty como entidades ilegales, actos de piratería y parte del «mercado negro» de la industria.
La controversia técnica estalló en mitad de las audiencias impulsadas de forma indirecta por el movimiento global Stop Killing Games. Esta iniciativa ciudadana exige responsabilidades legales a las corporaciones para garantizar que los videojuegos de tipo «servicio en vivo» (live service) sigan siendo funcionales y jugables mediante código independiente una vez que las empresas decidan apagar los servidores oficiales de soporte. Durante el debate sobre si los servidores privados representan una alternativa técnica viable para evitar la muerte del software, el representante de la ESA, Gibbons, dijo que considera los servidores comunitarios como piratería y son usados para mercados delictivos.
El argumento corporativo esgrimido por la ESA se fundamenta en la falta de control sobre los estándares de moderación, seguridad de datos y propiedad intelectual. Gibbons justificó la agresiva postura legal señalando que compañías como Microsoft (propietaria de Minecraft y Call of Duty) han recibido duras críticas debido a que estas redes independientes carecen de las directrices y filtros de protección infantil de la infraestructura oficial de la red Xbox.
Para la asociación, cualquier bifurcación o ingeniería inversa aplicada al código de red de un juego sin la firma digital o afiliación del licenciatario equivale al robo de propiedad.
