El congresista demócrata Ritchie Torres presentó la Power To The Players Act, una ley que obligaría a la FTC a impedir que las editoras retiren el acceso a los juegos comprados. También exigiría un modo offline antes de cerrar servidores y protegería la reventa de copias digitales.
Un congresista de Estados Unidos ha presentado un movimiento legislativo orientado a la protección de los derechos de los consumidores en la era digital. El representante demócrata de Nueva York, Ritchie Torres, anunció la presentación del proyecto de ley conocido como Power To The Players Act. La propuesta legislativa busca instruir a la Comisión Federal de Comercio (FTC) para establecer regulaciones que impidan a las editoras revocar el acceso a los videojuegos adquiridos por los usuarios. Eso aplicaría cuando las empresas decidan retirar el soporte o cerrar sus servidores en línea.
¿Qué cambiaría para el jugador?
El proyecto de ley surge en respuesta a la transición acelerada de la industria hacia la distribución digital. En ese modelo, las compras no transfieren la propiedad del software. Solo otorgan una licencia revocable de acceso que las empresas pueden cancelar de forma unilateral. De aprobarse la normativa, la compra de un videojuego garantizaría derechos de propiedad permanentes. Además, exigiría que los títulos con funciones en línea incorporen de forma obligatoria un modo fuera de línea (offline) funcional antes del apagado de sus servidores. Asimismo, el texto contempla la protección del derecho de los usuarios a transferir y revender sus copias digitales.
Las declaraciones de Ritchie Torres
«Cuando pagas por un juego, deberías ser su dueño. Los consumidores deben tener el derecho de poseer, el derecho de jugar y el derecho de transferir los juegos que compran. Un juego que se puede quitar en el momento en que una empresa decide desenchufarlo no es una compra; es un alquiler disfrazado de venta».
El caso NBA 2K25 y el precedente de Stop Killing Games
Para respaldar la necesidad de la ley, Torres citó el caso de NBA 2K25. Ese título se comercializó entre los 69.99 y los 99.99 dólares y tiene programada la retirada de tiendas digitales y el cierre de sus servidores a finales de 2026, apenas dos años después de su lanzamiento. Aunque la propuesta aún no ha completado el trámite formal de votación en el Congreso de los Estados Unidos, el anuncio se suma a movimientos globales similares. El más conocido es la iniciativa ciudadana europea Stop Killing Games, orientada a defender la preservación del videojuego y los derechos de los compradores en entornos digitales.