El movimiento de consumidores Stop Killing Games se ha sumado formalmente a una demanda colectiva contra Sony, apoyando la petición de 457 millones de dólares interpuesta en febrero por la organización neerlandesa Stichting Massaschade & Consument.
La acción legal acusa a la compañía tecnológica de imponer un monopolio ilegal en el mercado de videojuegos a través de su tienda digital y de aplicar precios artificialmente inflados, bautizados por los demandantes como el «impuesto Sony», afectando directamente los bolsillos de los jugadores.
La controversia se ha intensificado a raíz de los planes anunciados por la corporación de cesar la producción de discos físicos a partir de enero de 2028. Esta decisión ha desatado un profundo debate internacional sobre la propiedad de los medios físicos y los riesgos económicos de un ecosistema de entretenimiento completamente digital. Paralelamente, legisladores mexicanos han presentado una denuncia formal ante la Comisión Nacional Antimonopolio para investigar posibles prácticas anticompetitivas vinculadas a esta transición comercial restrictiva.
Por su parte, Stop Killing Games, organización respaldada por su exitosa iniciativa ciudadana europea que superó los 1,2 millones de firmas, exige la restitución de los fondos cobrados a los usuarios en los Países Bajos y reclama la apertura de alternativas reales de compra fuera del ecosistema cerrado de PlayStation para garantizar una competencia justa en el sector.