Tras el polémico anuncio oficial de Sony de que dejará de fabricar y distribuir discos físicos para todos sus nuevos videojuegos a partir de enero de 2028, la asociación de consumidores holandesa Stichting Massaschade & Consument ha impulsado una demanda colectiva que representa a más de 1.7 millones de usuarios de PlayStation, reclamando una indemnización de $457 millones de dólares debido a los precios abusivos y monopolísticos de la PlayStation Store.
La acción judicial, que comenzó a gestarse el año pasado mediante un requerimiento formal en los tribunales de los Países Bajos, ha cobrado una fuerza técnica sin precedentes debido a las últimas decisiones de hardware de la multinacional. Al eliminar por completo el formato físico del mapa en menos de dos años, Sony anula de facto la libre competencia de las tiendas físicas (como las cadenas de tiendas o supermercados) y el mercado de segunda mano. Esta maniobra técnica obliga a los consumidores a pasar de forma obligatoria por la PlayStation Store, donde la compañía ejerce un control absoluto de precios y se queda con una comisión del 30% por cada transacción.
La reacción de la comunidad global ante el anuncio ya había comenzado, registrándose oleadas de cancelaciones de suscripciones a PlayStation Plus e incluso protestas virales extremas en redes sociales.
Con el horizonte de un ecosistema puramente digital para 2028, esta demanda podría sentar las bases jurídicas para obligar a los fabricantes de consolas a abrir sus sistemas operativos a tiendas de terceros.