Tras el lanzamiento de STALKER 2: Shadow of Chornobyl, las autoridades rusas incluyeron al estudio ucraniano GSC Game World en su lista oficial de “organizaciones indeseables”, alegando que representa una amenaza para la seguridad y el orden constitucional del país.
La medida implica sanciones severas para cualquier individuo o empresa rusa que mantenga vínculos con el estudio. Según el comunicado de la Fiscalía General, GSC habría apoyado financieramente al ejército ucraniano y promovido donaciones, lo que para Moscú convierte al juego en una “herramienta de reclutamiento”. Incluso se atrevieron a dar cifras: cerca de 17 millones de euros en fondos de asistencia, aunque nunca alcanzaron el millón en donaciones directas.
No es la primera vez que Rusia apunta contra la saga. En 2022 bloqueó el acceso a la web oficial y lanzó campañas de desprestigio, acusando al título de glorificar a Ucrania y demonizar a Rusia. La tensión escaló aún más tras el estreno del juego, cuando las autoridades de Rusia afirmaron que STALKER 2 contenía “contenido antirruso” y propaganda encubierta.
El estudio, que logró terminar el desarrollo en plena invasión, también sufrió pérdidas humanas, uno de sus miembros, Volodymyr Yezhov, murió en combate en 2022. Para muchos jugadores, la reacción de Rusia es más un intento de censura que una amenaza real, y refleja cómo un videojuego puede convertirse en un campo de batalla simbólico dentro de un conflicto político y militar.