En respuesta a una demanda colectiva en el Distrito Norte de California, los abogados de Sony argumentaron que los consumidores razonables no son engañados al comprar contenido digital, ya que es evidente que adquieren una licencia de uso y no la propiedad física del producto.
La demanda sostiene que Sony incumple las leyes de transparencia de California al no advertir de forma «clara y conspicua» en la PlayStation Store que las compras son licencias revocables. Ante esto, la defensa de Sony señaló que sus Términos de Servicio y el Acuerdo de Licencia de Software (SPLA) detallan explícitamente esta condición, añadiendo que en la era digital no resulta posible, ni es lógico, que un solo usuario crea obtener la propiedad absoluta de un archivo digital.
Para respaldar su postura, la representación legal de la compañía utilizó una analogía comercial: si los jugadores poseyeran realmente el juego digital, Sony no podría vendérselo a múltiples usuarios, puesto que el primer comprador se convertiría en el dueño exclusivo del producto.
Tras el escrito judicial presentado el 21 de agosto, Sony envió notificaciones por correo electrónico a sus usuarios recordando las condiciones del servicio digital, en donde reafirmó que los usuarios que compran juegos digitales no son dueños de nada y solo tienen acceso a la licencia de uso del activo digital.