La iniciativa ciudadana Stop Killing Games, que busca proteger legalmente a los jugadores cuando las compañías cierran servidores de videojuegos, ha alcanzado 1.4 millones de firmas verificadas, superando ampliamente el millón requerido para que la Comisión Europea evalúe la propuesta.
La petición exige que los títulos adquiridos no puedan volverse inutilizables por decisiones unilaterales de las empresas, argumentando que los juegos deben considerarse bienes de consumo duraderos.
El vicepresidente del Parlamento Europeo, Nicolae Ștefănuță, respaldó públicamente la causa: «Un juego, una vez vendido, pertenece al comprador, no a la compañía«, declaró tras firmar. Ahora, las autoridades de los Estados miembros de la UE verifican la validez de las firmas. Si se confirma su autenticidad, la propuesta se presentará formalmente ante la Comisión Europea antes de fin de año.
Ross Scott, creador de la campaña, destacó en redes sociales que el margen adicional de firmas (400,000 sobre el mínimo) reduce el riesgo de rechazo por invalidaciones. Aunque no garantiza una legislación concreta, este respaldo masivo presionará a los reguladores para abordar la preservación de juegos como servicio (live-service) y títulos siempre online.
Si la UE avanza la iniciativa, se abriría un debate sobre derechos digitales que podría redefinir cómo se comercializan los videojuegos en el futuro.