La agencia de protección al consumidor de Brasil, Procon-SP, ha puesto en la mira los términos de licencia de Nintendo, señalando que ciertas condiciones son «abusivas» según la legislación local. El punto central de la disputa es la facultad de la compañía para bloquear permanentemente el acceso a servicios en línea como la eShop o el juego multijugador cuando detecta el uso de accesorios no autorizados o software pirata, una práctica conocida como «bricking».
Cuando una consola es bloqueada, muestra el código de error 2124-4508 y pierde toda conectividad en línea, aunque sigue funcionando sin conexión. Esto ha generado problemas adicionales, como compradores de consolas de segunda mano que adquieren equipos afectados sin saberlo. Procon-SP argumenta que cancelar servicios sin una explicación clara viola los derechos de los consumidores en Brasil.
El caso presenta un desafío logístico, ya que Nintendo no tiene una sede legal formal en el país, lo que obligó a la agencia a contactar a las oficinas estadounidenses de la compañía para iniciar el diálogo. Hasta ahora, Nintendo ha designado un bufete local para representarla, pero solo para este caso específico. Álvaro Camilo, director de Procon-SP, advirtió que la falta de representación permanente de la empresa en Brasil debería ser un factor a considerar al comprar sus productos.
Nintendo tiene 20 días para responder a la solicitud de cambios. Mientras tanto, la disputa resalta el creciente escrutinio sobre las prácticas corporativas en la industria de los videojuegos, especialmente en mercados donde los consumidores buscan mayor transparencia y protección.
El desenlace podría sentar un precedente importante para otras compañías tecnológicas que operan en la región.