La diputada Iraís Virginia Reyes De La Torre no le gustó el discurso oficial del gobierno mexicano contra los videojuegos. Durante la sesión en la Cámara de Diputados, se levantó con un control de Xbox en la mano y una pancarta que decía “Game Over a la censura”, para denunciar lo que considera un ataque injustificado contra los videojuegos.
El nuevo impuesto del 8 % a títulos violentos, aprobado como parte del Paquete Económico 2026, fue calificado por Reyes como “absurdo, moralista y recaudatorio”.
“No se combate la violencia culpando a los gamers,” dijo. “Nadie se vuelve criminal por sobrevivir al apocalipsis en The Last of Us, ni por lanzar un fatality en Mortal Kombat, ni por atrapar criaturas en Pokémon.” Para ella, el problema no está en la ficción, sino en la impunidad, la falta de justicia y el abandono institucional. “La violencia no nace en las consolas. Nace en un Estado que no protege a su gente.”
Reyes también recordó que no existe evidencia científica que vincule el gaming con la delincuencia, y que países con alto consumo de videojuegos como Japón y Corea tienen índices de violencia mucho más bajos que México. “La ficción no produce delincuentes,” sentenció. “Lo que sí lo hace es un sistema que normaliza el abandono.”
El primer paso para implementar el impuesto fue aprobado, pero aun la batalla no está perdida. Y lo más importante es que los gamers mexicanos ya tienen quien los defienda en el Congreso.