La Unión Europea presentó el 11 de noviembre de 2026 una propuesta legislativa orientada a regular las dinámicas de monetización en la industria del videojuego y los servicios digitales. Bajo el nombre de Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), el proyecto busca incrementar la protección de los consumidores frente a las microtransacciones y las loot boxes, priorizando la salvaguarda de los usuarios menores de edad.
La iniciativa legislativa aborda el impacto de los sistemas de aleatoriedad de pago, las divisas virtuales y las dinámicas que aceleran la progresión a cambio de dinero en las plataformas de entretenimiento interactivo.
Prohibición de cajas de botín y regulación de monedas virtuales
El borrador establece la prohibición absoluta de las cajas de botín de pago (loot boxes) y de los mecánicos de tipo pay-to-win o pay-to-progress para menores de 18 años. La medida impide que los títulos comercializados en la Unión Europea ofrezcan ventajas competitivas o aceleradores de progreso mediante transacciones financieras a este grupo de edad.
En relación con las monedas virtuales, la normativa exigirá mostrar de forma explícita la equivalencia en dinero real de cada elemento. Para los usuarios menores, las compras mediante divisas internas permanecerán desactivadas por defecto, requiriendo autorización paterna o de tutores legales para su habilitación.
Transparencia para adultos y erradicación de patrones oscuros
Para la población adulta, las cajas de botín mantendrán su disponibilidad comercial, aunque las desarrolladoras deberán transparentar de forma obligatoria las probabilidades de obtención de los objetos y ofrecer herramientas para desactivar las funciones de compra.
Asimismo, la ley persigue los denominados patrones oscuros (dark patterns), prohibiendo interfaces manipuladoras como contadores falsos de ofertas limitadas, dificultades en la cancelación de suscripciones o la conversión automática de periodos de prueba gratuitos en cobros recurrentes sin consentimiento previo.
Sanciones financieras y proceso de aprobación en la Unión Europea
Para asegurar el cumplimiento de la normativa, Bruselas plantea un régimen sancionador con multas que podrían alcanzar hasta el 6 % de la facturación anual global de las compañías que incurran en infracciones graves de carácter transfronterizo.
El proyecto de ley inicia ahora su fase de negociación con el Parlamento Europeo y los Estados miembros, por lo que el texto final y su fecha de entrada en vigor definitiva quedarán sujetos a las enmiendas del proceso legislativo comunitario.