La Cámara de Diputados de México aprobó un nuevo impuesto del 8% sobre videojuegos considerados violentos o no aptos para menores, como parte del Paquete Económico 2026 impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, afecta tanto a títulos físicos como digitales, en juegos como GTA, Call of Duty, Battlefield, y podría extenderse a servicios como Game Pass, PlayStation Plus y Switch Online, aunque aún no se ha definido cómo se clasificará oficialmente un juego como “violento”.
Estudios viejos, sacados de contexto, desacreditados y que no muestran una relación causal entre los videojuegos gráficos y un aumento en los índices de violencia entre adolescentes, son la base del impuesto del 8% que el gobierno mexicano aprobó.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, aseguró que no se trata de una medida recaudatoria, ya que se espera una recaudación máxima de 183 millones de pesos, una cifra marginal frente a otros sectores. El origen del impuesto proviene del Gabinete de Seguridad, que sostiene que los videojuegos violentos tienen relación con los índices de violencia en el país, aunque no se ha presentado evidencia concreta que respalde esa correlaciones.
La comunidad gamer ya ha comenzado a organizar protestas digitales y peticiones para revertir la decisión. Pero más allá del impacto económico, el impuesto marca una postura política, y el Estado mexicano empieza a intervenir en el contenido del entretenimiento digital.