La comunidad gamer de México ha lanzado una petición en Change.org contra el impuesto del 8% a videojuegos con contenido violento, propuesto en el Paquete Económico 2026 por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Presentada el 9 de septiembre de 2025, la iniciativa ya acumula miles de firmas y califica la medida como injusta y discriminatoria. Los firmantes argumentan que el gravamen, que afectaría títulos como Grand Theft Auto V o Call of Duty, no resuelve problemas de salud ni seguridad, sino que penaliza a una industria que genera 2.300 millones de dólares al año y 76 millones de jugadores activos.
El impuesto, incluido en los «Impuestos Saludables», busca desincentivar el consumo de juegos clasificados como C o D, para mayores de 18 años, tanto en formatos físicos como digitales. Sheinbaum lo defendió en su conferencia matutina, vinculándolo a temas de seguridad y salud mental, citando estudios que relacionan la violencia en juegos con agresión en adolescentes. Sin embargo, expertos cuestionan la evidencia, basada en un informe de 2012 de la Universidad de Costa Rica, y destacan que México ya usa clasificaciones PEGI para regular acceso a menores.
La reacción en redes sociales ha sido inmediata. En X y Reddit, hashtags como #NoAlImpuestoVG y #GamersUnidosMX han viralizado críticas, con usuarios llamándolo «censura disfrazada» y «ataque a la libertad». Algunos mencionan el uso de chats en juegos como Free Fire para reclutamiento de carteles, pero la mayoría defiende que los padres, no el gobierno, deben supervisar. La petición exige que el Congreso rechace la propuesta, argumentando que podría elevar precios globales si otras naciones siguen el ejemplo.
No al impuesto del 8 % a los videojuegos violentos en México – ¡Firma la petición! https://t.co/FSLYTG2Gg0 a través de @Change_Mex
— 𝗘𝗳𝗲𝗺é𝗿𝗶𝗱𝗲𝘀 𝗚𝗮𝗺𝗲𝗿 🎮🕹️ (@EfemeridesGamer) September 10, 2025
La industria mexicana, con 67 empresas desarrolladoras en cinco años, teme impactos en empleos y ventas. Aunque el impuesto generaría 183 millones de pesos en 2026, los gamers ven fines recaudatorios más que preventivos. Sheinbaum aclaró que no es prohibición, sino guía para padres, pero la polémica crece. La petición busca 100.000 firmas para presionar al SAT y Hacienda.