La administración de Donald Trump ha emitido un contundente ultimátum a las escuelas y universidades de Estados Unidos, exigiendo que eliminen las iniciativas de diversidad en un plazo de dos semanas o arriesguen perder financiamiento federal.
Este movimiento, que se enmarca dentro de la lucha del presidente contra lo que él denomina wokeness, ha generado confusión y preocupación entre educadores y administradores de instituciones educativas en todo el país.
En un memorando emitido el pasado viernes, el Departamento de Educación ordenó a las instituciones que cesen el uso de preferencias raciales en procesos de admisión, ayuda financiera y contratación. La medida busca erradicar lo que se describe como una discriminación generalizada en el ámbito educativo, especialmente en contra de estudiantes blancos y asiáticos. Craig Trainor, asistente del secretario para derechos civiles, afirmó que las escuelas deben evaluar a los estudiantes según su mérito y logros, y no en función de su raza.
La reacción a esta directiva ha sido intensa, con grupos de derechos civiles y asociaciones universitarias expresando su preocupación por el lenguaje vago del memorando, que podría tener un efecto paralizante en las prácticas educativas relacionadas con la diversidad. Jonathan Fansmith, vicepresidente del American Council on Education, argumentó que el objetivo parece ser crear un ambiente de riesgo que desincentive cualquier trabajo que promueva la diversidad en los campus.
Además, el Departamento de Educación ha anunciado la cancelación de 600 millones de dólares en subvenciones para organizaciones que capacitan a docentes, argumentando que estos programas fomentan conceptos divisivos como la teoría crítica de la raza y la justicia social. Esta nueva guía no solo afecta las admisiones, sino que también se extiende a áreas como la ayuda financiera, la vivienda y las ceremonias de graduación, lo que podría transformar radicalmente la forma en que las instituciones educativas operan.
Donald Trump is giving schools/universities two weeks to eliminate diversity initiatives, or he will cut federal funding. pic.twitter.com/TxnjD9E1FZ
— Pop Crave (@PopCrave) February 18, 2025
Con un plazo de 14 días para cumplir con estas nuevas directrices, muchas universidades se encuentran en una encrucijada. Mientras algunas instituciones, como la Universidad Estatal de Oregón, afirman que sus programas son conformes a la ley, otras se preparan para enfrentar posibles desafíos legales. La incertidumbre sobre cómo estas medidas afectarán la ayuda financiera y las prácticas de admisión deja a estudiantes y administradores en un estado de confusión, justo cuando se preparan para el nuevo año académico.