Once cadetes de la Academia Militar del Ejército de Venezuela recuperaron la semana pasada su libertad plena, quienes permanecieron detenidos arbitrariamente durante 15 meses, tras ser acusados de conspiración por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por haber estado jugando Call of Duty Warzone.
Lo absurdo del caso reside en la «evidencia» presentada: simples capturas de pantalla de sus partidas en el popular videojuego de guerra Call of Duty, actividad que las autoridades interpretaron como un plan subversivo.
Los cadetes sufrieron su reclusión en el Internado Judicial El Rodeo I, un centro penitenciario descrito por organizaciones de derechos humanos como un entorno de extrema dureza. Su liberación se produce en el marco de una nueva ley de amnistía promulgada la semana pasada, la cual ha permitido la salida de al menos 36 ciudadanos considerados presos políticos en la misma jornada. Al salir de prisión, los jóvenes no ocultaron su alivio, pero aprovecharon el momento para exigir que no se detengan las gestiones hasta liberar a los cerca de 300 detenidos que aún permanecen en dicho recinto.
Expertos en derechos humanos y organizaciones como Foro Penal han condenado este episodio como una muestra deplorable del control social en el país, subrayando que criminalizar una actividad recreativa digital revela la fragilidad de las libertades civiles.
Aunque el grupo de cadetes finalmente regresa a casa, el caso queda registrado como uno de los ejemplos más extremos de represión, donde la línea entre la ficción de un videojuego y la realidad política se desdibujó de forma trágica.
