En una maniobra sin precedentes para reforzar la integridad competitiva de sus títulos, Activision ha intensificado la estrategia de su sistema RICOCHET Anti-Cheat trasladando la persecución de tramposos desde el código digital hasta la vida real en persona.
Como parte de una acción directa, representantes legales de la compañía rastrearon la ubicación de un desarrollador de software no autorizado en Ohio para entregarle en mano una orden de cese y desista (cease-and-desist). La intervención quedó registrada en un vídeo publicado por la cuenta oficial de Call of Duty en la red social X.
La grabación, fechada el 22 de agosto a las 9:50 AM, muestra el momento en que un representante acude al domicilio del implicado para entregar la documentación legal emitida por los abogados de Activision. La acción tuvo como objetivo principal desmantelar las operaciones de Elocarry, un servicio comercial de herramientas de trampa que promocionaba paquetes con aimbot, ESP y triggerbot para títulos como Call of Duty: Warzone.
Tras la entrega de la notificación, el servicio Elocarry retiró de su catálogo los módulos correspondientes a la franquicia de Activision, aunque mantiene la venta de software para otros videojuegos.
El movimiento forma parte de una política de tolerancia cero frente a los creadores de código ilícito, recordando fallos judiciales previos como la sentencia de 2024 que condenó al grupo EngineOwning a pagar más de 14 millones de dólares en daños. La empresa advirtió que esta entrega presencial no constituye un incidente aislado, asegurando que mantendrá las acciones de rastreo e interposición de demandas judiciales para desarticular la oferta comercial de ventajas no autorizadas en sus servidores.