Congresista Frost presentará una ley federal para proteger los juegos de los cierres

El congresista federal Maxwell Frost anunció el miércoles su intención de presentar una ley federal, la Protect Our Games Act, para proteger a los jugadores cuando las editoras cierran los servidores de sus juegos. Lo hizo durante un evento online junto a The Players Alliance, un día antes del lanzamiento de GTA 6.

La propuesta de Frost llega después de que la versión estatal de la misma ley, la AB 1921 de California, fuera aprobada por la Asamblea estatal, pero rechazada por el Senado californiano el pasado junio. El congresista busca ahora elevar esa protección al ámbito nacional.

¿Qué exigiría la ley?

Según lo expuesto por Frost, la legislación federal obligaría a las editoras a ofrecer una de tres salidas cuando decidan cerrar los servicios online necesarios para jugar: una versión o parche que siga siendo jugable, un reembolso equivalente al precio pagado o la documentación necesaria para que los jugadores puedan alojar servidores privados o comunitarios.

«Cuando alguien te dice que estás comprando algo, lo estás comprando», afirmó Frost durante el evento. «Y deberías poder conservarlo para siempre, se apaguen o no los servidores».

El texto aún no existe

El anuncio es una declaración de intenciones, no un proyecto formal. Ni el texto ni el número de la futura ley se han publicado. Tampoco está claro qué juegos cubriría, si afectaría a títulos ya lanzados o solo a los nuevos, ni cómo se haría cumplir la norma. Según los organizadores del evento, Frost planea presentar el borrador en el Congreso en enero de 2027.

El precedente de California

La AB 1921, también llamada Protect Our Games Act, nació a raíz del cierre de servidores de The Crew por parte de Ubisoft en 2024. Exigía un preaviso de 60 días, un modo offline o un reembolso, y excluía juegos gratuitos y de suscripción. La Asamblea la aprobó con 43 votos a favor y 16 en contra, pero el Senado estatal la frenó: la mayoría se abstuvo y no alcanzó los votos necesarios.

La patronal del sector, la ESA, se opuso frontalmente y argumentó que los servidores privados podrían vulnerar derechos de propiedad intelectual. Frost retoma ahora esa bandera en el ámbito federal.

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