Dos consumidores de California y Washington han presentado una demanda colectiva contra Nintendo of America ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington con el objetivo de obligar a la compañía a repartir el dinero que recibirá del gobierno tras la anulación de los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump.
La base del conflicto reside en una reciente sentencia de la Corte Suprema que declaró ilegales dichos impuestos, lo que otorga a las empresas importadoras el derecho a reclamar devoluciones millonarias por los pagos realizados el año pasado.
El equipo legal que representa a los demandantes sostiene que Nintendo no debería quedarse con este capital, ya que la empresa no fue quien asumió el coste financiero real de la medida. Según el documento judicial, Nintendo simplemente elevó el precio de venta de sus consolas y productos, trasladando el gasto íntegro a los consumidores finales. Por tanto, los abogados argumentan que si la compañía recibe ahora el dinero del gobierno mientras ya lo cobró previamente de los jugadores, estaría incurriendo en un doble beneficio injusto a costa de su base de usuarios.
La demanda enfatiza que Nintendo ha pausado sus propias acciones legales contra el gobierno federal mientras espera que se habiliten los canales oficiales de reembolso, pero que en ningún momento ha manifestado la intención de devolver ese dinero a quienes pagaron los precios inflados.
Con esta acción judicial, los usuarios buscan que el tribunal intervenga para garantizar que los fondos regresen a los bolsillos de los consumidores afectados, evitando que el proceso administrativo termine beneficiando únicamente las cuentas corporativas de la empresa.