La Unión Europea está evaluando la posibilidad de prohibir la venta de consolas y controles de videojuegos a Rusia, en un contexto de creciente preocupación por el uso de estos dispositivos en actividades militares.
Según informes del Financial Times, Kaja Kallas, jefa de la política exterior de la UE, ha indicado que se están revisando diversos productos que podrían estar facilitando los esfuerzos bélicos de Rusia, y que se planea incluirlos en una nueva lista de sanciones.
Entre los artículos que están bajo análisis se encuentran no solo los controles de videojuegos, sino también joysticks de simuladores de vuelo y otros dispositivos de entrada que podrían ser utilizados para operar drones. Aunque la intención de esta medida es limitar el acceso de Rusia a tecnologías que podrían ser utilizadas en conflictos, expertos advierten que el impacto podría ser limitado, ya que muchos usuarios en Rusia ya emplean controles de fabricación china que son fácilmente accesibles en línea.
Desde la invasión de Ucrania en 2022, grandes empresas de videojuegos como Microsoft y Sony suspendieron la venta de sus consolas en Rusia. Sin embargo, la nueva propuesta de la UE se centra en los vendedores de segunda mano que continúan suministrando hardware de videojuegos en el país. Esta situación se agrava tras el intento fallido de Rusia de desarrollar su propio sistema de videojuegos, que fue anunciado en marzo de 2024, con la intención de competir con plataformas como Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.
The EU is moving towards banning sales of video game controllers and consoles to Russia, citing concerns over their potential military applications.
This decision reflects growing tensions and the need for stricter regulations.
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— playswave 🎮 🌊 (@playswave_com) January 30, 2025
A pesar de los esfuerzos rusos por crear una consola local y un servicio de juegos en la nube, el gobierno ha reconocido que su producto no alcanzará el nivel de las consolas de última generación. Actualmente, la propuesta de prohibición aún está en fase de evaluación y deberá ser aprobada por todos los países de la UE antes de que pueda entrar en vigor. En los próximos meses, se espera que se tomen decisiones sobre la implementación de esta medida y si se realizarán modificaciones adicionales.