Epic Games deberá reembolsar dinero a jugadores que compraron microtransacciones

La popularidad de Epic Games, impulsada en gran medida por el éxito de Fortnite, ha sido indiscutible. Sin embargo, detrás de esta imagen de éxito se esconden prácticas cuestionables que han llevado a la compañía a enfrentar diversas polémicas. Una de las más destacadas ha sido la acusación de emplear tácticas engañosas para incentivar las microtransacciones en Fortnite, lo que ha tenido como consecuencia sanciones económicas significativas.

La Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos, encargada de velar por la protección del consumidor, inició una investigación contra Epic Games en 2022. Las acusaciones se centraron en el uso de “patrones oscuros” en la interfaz de Fortnite, diseñados para confundir a los jugadores, especialmente a los más jóvenes, y llevarlos a realizar compras impulsivas. Estas prácticas, según la FTC, violaron la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA).

Como resultado de esta investigación, Epic Games ha sido condenada a pagar una multa millonaria y a reembolsar a cientos de miles de jugadores que se vieron afectados por estas prácticas engañosas. La compañía deberá indemnizar a cada jugador con una cantidad aproximada de 114 dólares, un aproximado de $72 millones de dólares para la compañía, los cuales podrán solicitar a través de un formulario en línea habilitado por la FTC.

Este caso sienta un precedente importante en la regulación de las prácticas comerciales en la industria de los videojuegos. Demuestra que las autoridades están dispuestas a tomar medidas enérgicas contra las empresas que utilizan tácticas engañosas para obtener beneficios económicos. Además, pone de manifiesto la importancia de proteger a los consumidores, especialmente a los más jóvenes, de prácticas comerciales abusivas.

El caso de Epic Games plantea interrogantes sobre el futuro de las microtransacciones en los videojuegos. Si bien estas prácticas son comunes en la industria, es probable que, a raíz de este fallo, las empresas de videojuegos se vean obligadas a revisar sus estrategias de monetización y a adoptar prácticas más transparentes y respetuosas con los consumidores.